Manteros

La muerte de un joven senegalés en el barrio madrileño de Lavapiés, ha servido para que la ultra izquierda española culpe al “capitalismo y al racismo institucional” de su defunción, acusando a la Policía Municipal de haberle causado un infarto al perseguirlo como mantero a la fuga. He hablado en diferentes ocasiones del Decálogo de Lenin, del que recuerdo el punto ocho: Promueva disturbios y contribuya para que las autoridades constituidas no las repriman.

La autopsia del fallecido ha revelado que tenía una enfermedad congénita del corazón y que no había ningún signo de violencia. Y varios testigos han manifestado que cayó al suelo y la Policía Municipal se acercó a ayudarle, incluso un amigo que le acompañaba ha manifestado: “Me dijo que se encontraba mal y paré a unos policías que pasaban por la zona, nadie nos perseguía”.

Anarquistas, okupas y podemitas han manipulado la noticia y han producido una serie de disturbios y destrozos en el barrio, barricadas, coches quemados, pedradas a los comercios, sucursales bancarias saqueadas, marquesinas reventadas, árboles tronchados y otros signos de “guerrilla urbana”. ¿Quién va a pagar eso ahora?

La verdad es: Que los manteros son una mafia organizada; venden copias ilegales, con lo que roban los derechos de autor; hacen la competencia ilegal a los comercios y tiendas que pagan sus impuestos; no pagan impuestos ni seguridad social, con lo que roban a todos los ciudadanos que cumplen con sus deberes fiscales; se aprovechan del sistema, sin aportar nada al mismo, con subvenciones, ayudas y servicios sanitarios gratis.

La muerte de este hombre es una triste noticia, que lamento profundamente. El interfecto llegó hace doce años a España, en patera, ilegal, sin papeles. Doce años de permanencia en el país, viviendo del “todo gratis”, es tiempo más que suficiente para haber regularizado su situación e integrarse en la vida laboral y legal española.

Cientos de inmigrantes y militantes de extrema izquierda se congregaron en la plaza de Lavapiés y calle aledañas para participar en la concentración contra la Policía y en protesta por la muerte natural del mantero senegalés, coreando  consignas como “Policía asesina”, “Sí lo mataron”, “Vamos a quemar la puta ciudad”, “Sin piernas, sin brazos, maderos a pedazos”, “todos somos legales” y portando pancartas con la leyenda “Manta es vida”, “Europa racista mata” o “Contra el racismo, basta, basta, basta”. Ni que decir tiene que Podemos pretende legalizar a todos esos inmigrantes, voto cautivo para llegar al poder.

 

 

“Hartos de inmigrantes ilegales violentos. Y ahora me llamarán fascista, racista o nazi”, escribían en las redes sociales. El español no es racista ni xenófobo. Un niño marroquí le pregunta a su madre la diferencia entre democracia y racismo. Su madre le dice: democracia es cuando los españoles trabajan para que nosotros podamos gozar de casa gratis, sanidad gratis, educación gratis, subvenciones, y nos construyan mezquitas y centros comunitarios. A veces, recibimos más dinero que sus propios pensionistas. Eso es democracia. El niño, asombrado, pregunta: ¿Y los españoles no se enfadan por eso? Su madre le contesta: Claro que sí; y a eso lo llamamos racismo.

El español lo que no acepta es aquellos que transgreden las leyes, al que delinque, no acepta a los que viven a costa de sus impuestos, no acepta a quienes quieren imponer su mentalidad y creencias en una España democrática. Es clasista, sí, pero recibe con agrado a todo el extranjero que ha venido a trabajar honradamente, 1.837.901 personas a final del año 2017. Y le gustaría que se cumplieran las leyes y Reglamento de Extranjería:

Requisitos para la entrada en territorio español. El extranjero que pretenda entrar en España deberá hacerlo por los puestos habilitados al efecto, hallarse provisto del pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, que se considere válido para tal fin en virtud de convenios internacionales suscritos por España y no estar sujeto a prohibiciones expresas. Asimismo, deberá presentar los documentos que se determinen reglamentariamente que justifiquen el objeto y condiciones de estancia, y acreditar medios de vida suficientes para el tiempo que pretenda permanecer en España, o estar en condiciones de obtener legalmente dichos medios.

Autorización de residencia y trabajo. Los extranjeros mayores de dieciséis años precisarán, para ejercer cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional, de la correspondiente autorización administrativa previa para residir y trabajar. La autorización de trabajo se concederá con la de residencia, salvo en los supuestos de penados extranjeros que se hallen cumpliendo condenas o en otros supuestos excepcionales que se determinen reglamentariamente.

Son infracciones graves: a) Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente.

La Ley prevé las penas de multa, y establece en determinados supuestos, como sanción sustitutiva de la multa, la expulsión y prohibición de entrada en el territorio español por un plazo de tres a diez años para sanciones muy graves y para las graves que expresamente establece la ley. Como muchos de los extranjeros a los que se impone la multa están en situación irregular, el cobro de la misma es problemático, por no decir nulo: por ello, en la práctica se tiende a privilegiar la expulsión.

Se ha escrito mucho sobre la necesidad de los inmigrantes para equilibrar las cuentas de las pensiones. Lo que sigue a continuación es la opinión de Rafael Bardají, de ideas conservadoras, profesor de la Universidad de Zaragoza.

En la “tiranocracia” de lo políticamente correcto en la que se ha instalado España por el totalitarismo del pensamiento único de la izquierda y la cobardía y pereza de la derecha, nadie se ha atrevido a demoler los mitos que buenamente hemos asumido sobre las bondades de la emigración. Hasta ahora. Acabo de tener la oportunidad de prologar un estudio editado por el Grupo de Estudios Estratégicos titulado “El coste de la emigración extranjera en España”, en el que por primera vez se aborda el tema con una clara metodología que permite valorar de manera realista lo que aporta, lo que consume, lo que beneficia y lo que detrae la población emigrante en nuestro suelo.

Qué se considera una emigración positiva y cuál una negativa. Así, una emigración sería netamente ventajosa si se cumplieran las siguientes condiciones: A) cuando los emigrantes desempeñan actividades económicas de nivel mayor que la media española, o trabajan en empleos que los españoles no cubren, B) no generan conflictividad social o delincuencia en proporciones mayores que los propios españoles; C) Se asimila e integra con normalidad en la vida social, económica y política española; D) presentan un balance fiscal positivo con el Estado; E) tienen una nivel cultural similar o superior a la media de España.

¿Pero es este el caso y la realidad de la población extranjera en España? La conclusión no puede ser más que un terrible NO.

A pesar de no encontrar empleo, relativamente pocos emigrantes han salido de España y, de hecho, vuelven a venir en mayor proporción en el último año. Esto sólo se puede explicar por la gran generosidad con que nuestros dirigentes políticos utilizan el dinero público que extraen de nuestros bolsillos para asegurar ayudas y subsidios de todo tipo a los emigrantes.

La política de puertas abiertas que se ha seguido en España (y en Europa), con el consiguiente efecto llamada, donde la llegada de millones de emigrantes supone un lastre insostenible para las arcas del Estado. Pensar que los emigrantes van a salvarnos las pensiones y que van a trabajar para garantizarnos el futuro es un mito peligroso. De hecho, con los datos en la mano, empiezan a cavar la tumba de nuestro sistema, un sistema que hemos intentado mantener a flote durante generaciones gracias a las aportaciones al trabajo de los españoles.

Cuando se tiene en cuenta, además, el consumo neto de los emigrantes en términos de sanidad, educación y demás servicios sociales, el déficit para con el Estado se incrementa sustancialmente. Y el problema es que no se trata solamente de un desequilibrio para con las arcas del estado, se trata de una injusticia para con todos los españoles que han cotizado durante años, si no décadas, bajo el pacto social de que, al final de su vida profesional, contarían con un retiro y unas condiciones de vida decentes.

 

Antonio CAMPOS

http://www.es.ancamfer.wordpress.com

 

Publicado en PUERTA DE MADRID de Alcalá de Henares el 31-03-2018

Publicado en el Blog de Campos el 31-03-2018