Borrador secreto

Que existe un borrador secreto de la ley de secesión e independencia de Cataluña, no lo niega nadie. Lo que ya no está tan claro es cuál es el verdadero y cuál el falso, pues en este tipo de documentos una sola coma cambiada de sitio a propósito, distingue uno del otro.

Con esa premisa y la posibilidad que sea una serie de documentos que se modifican día a día, he tratado de recopilar diferentes fuentes, no de total seguridad, pero sí indicativo de por dónde va lo que la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, Teresa Freixes, ha calificado como ”la versión líquida del antiguamente denominado golpe de estado, dirigido a sustituir espuriamente un régimen legítimo por lo que a una minoría le pueda convenir en un momento dado”.

En su último artículo en Economía Digital, dice “entre los poderes del Estado, el ejecutivo y el judicial, España dispone, porque así está regulado en la Constitución y las leyes, de tanto poder como para que se dé cuenta (…), que el famoso choque de trenes que él pretende puede ser como el de un AVE contra el tren de la bruja de las barracas de feria. Por más que la bruja blanda la escoba y el conductor del trenecito apriete el acelerador, la Alta Velocidad Española dispone de dos cosas con las que los fiesteros de la revolución de las sonrisas no cuentan: la primera, todos los instrumentos de coerción que le otorgan la Constitución, la Ley de seguridad nacional, las normas administrativas, el Código Penal y la Ley reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio. La segunda, toda la legitimidad que el Estado de Derecho y la democracia, otorgan a unos poderes públicos que deben garantizar los derechos de todos los ciudadanos de Cataluña y del resto de España. (…)

Son las presuntas y secretas leyes catalanas de desconexión: la de hacienda propia, la de Seguridad Social y la de transitoriedad jurídica

Y es que la Ley de Transitoriedad jurídica catalana habilita a saltarse la Constitución, el Estatut de Autonomía de Cataluña y la legislación española. Dispone la incautación de bienes estatales. Establece la asunción de la “nacionalidad catalana” sin pérdida de la española, advirtiendo que se “iniciarán negociaciones” al respecto con el “Estado español”. Pretende amnistiar a todos los condenados por actuaciones ilegales en relación con el proceso de independencia. Elimina la co-oficialidad de la lengua española en Cataluña. Pretende establecer la república catalana como un Estado que presupone inserto en la Unión Europea. A continuación, algunos de los párrafos que contiene dicho documento:

Si el Estado español impidiera de manera efectiva la celebración del referéndum, esta ley entrará en vigor de manera completa e inmediata cuando el Parlamento constate este impedimento”

“El territorio de Cataluña, a los efectos del ejercicio de su plena soberanía, está compuesto por el espacio terrestre, incluido el subsuelo correspondiente a sus límites geográficos y administrativos en el momento de entrar en vigor esta ley, por el mar territorial, su lecho y subsuelo, y por el espacio aéreo situado sobre el espacio terrestre y el mar territorial de Cataluña. Además, Cataluña disfruta de los derechos de soberanía reconocidos por el Derecho internacional con respecto a su plataforma continental y su zona económica exclusiva”.

Tienen la nacionalidad de origen: Las personas que en el momento de entrar en vigor esta ley posean la nacionalidad española y estén empadronadas en un municipio de Cataluña desde al menos un año antes de esta fecha (…) La atribución de la nacionalidad catalana no exige la renuncia de la nacionalidad española.

Las personas que hayan adquirido la nacionalidad catalana pueden ser privadas de ella (…) por haber sido condenadas por delitos contra el orden público, delitos de traición, contra la paz, la independencia del Estado o relativos a la defensa nacional o contra la comunidad internacional” 

“El presidente del Tribunal Supremo es nombrado por el presidente de la Generalitat”. “El o la fiscal general de Cataluña es nombrado por el presidente de la Generalitat”.

“Los jueces, magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia que sirvan en los órganos judiciales y la fiscalía de Cataluña en el momento de entrar en vigor esta ley continúan en sus plazas, manteniendo sus derechos económicos y profesionales”.

“Los casos que según el ordenamiento jurídico anterior a la sucesión sean o hubieran sido competencia de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo o de cualquier otro órgano judicial español fuera del territorio de Cataluña, incluido el Tribunal Constitucional solo con relación a los recursos de amparo, serán asumidos inmediatamente, según corresponda, en instrucción, primera instancia, casación y ejecución por los órganos judiciales catalanes en función de su competencia objetiva y territorial actual”.

 

 

Con el tiempo, historiadores habrá que analicen lo acontecido en Cataluña durante los últimos cuarenta años. Desde ya, hay quien apunta el filósofo, politólogo y escritor estadounidense Gene Sharp (1.928): “La naturaleza de la guerra del siglo XXI ha cambiado”. Los “golpes suaves” de Estado se desarrollarían en cinco etapas:

Primera etapa: Consistiría en llevar a cabo acciones para generar y promocionar un clima de malestar. Entre dichas acciones destacan la realización de “denuncias de corrupción y la promoción de intrigas”, señalan los expertos.

Segunda etapa: Se procedería a desarrollar intensas campañas en defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el Gobierno en el poder.

Tercera etapa: Esta fase se centraría en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales y en la promoción de manifestaciones y protestas violentas, amenazando las instituciones.

Cuarta etapa: En este punto se llevarían a cabo operaciones de guerra psicológica y desestabilización del Gobierno, creando un clima de “ingobernabilidad”.

Quinta etapa: La fase final tendría por objeto forzar la renuncia del presidente mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones, mientras se mantiene la presión en la calle. Paralelamente se va preparando el terreno para una intervención militar, mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento internacional del país.

¿Quién tiene la responsabilidad, por acción, omisión, inacción o dejación de funciones, de actuar en defensa de la Constitución Española y de la legalidad vigente? Mi amigo Paco El Loco ha muerto no hace mucho, así que no sé a quién le vamos a echar la culpa ahora.

Antonio CAMPOS

http://www.es.ancamfer.wordpress.com

 

Publicado en PUERTA DE MADRID de Alcalá de Henares el 10-06-2017

Publicado en el Blog de Campos el 12-06-2017

 

 

 

 

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