Conocimiento constitucional

 

Íñigo Errejón, el hasta ahora número dos y líder derrotado del ala teóricamente menos radical de Podemos, propuso el año pasado celebrar la Fiesta Nacional el 19 de marzo, día de la proclamación de la Constitución de Cádiz.

 

Deduzco de ello que, como otros muchos políticos, toca de oído, no ha leído la Constitución de 1812 ni se ha asesorado sobre ella, pues sus creencias políticas y religiosas están en colisión con ese texto constitucional.

 

Año

Constitución

1808 Constitución de Bayona – Carta otorgada
1812 Constitución de Cádiz
1834 Estatuto Real de Fernando VII
1837 José María Calatrava
1845 Isabel II
1852 Proyecto constitucional de Bravo Murillo
1856 Constitución non nata
1869 Serrano – Prim
1873 Proyecto constitucional de la I República Española
1876 Alfonso XII – Cánovas del Castillo
1931 Constitución de la II República Española
1938-1977 Leyes Fundamentales de la etapa franquista
1978 Constitución democrática vigente

Del texto de la citada Constitución, del Diccionario enciclopédico Espasa Calpe y de diversas páginas de internet de solvencia contrastada, voy a tratar de hacer un somero análisis de la Constitución española de 1812.

La marcha de Fernando VII y la presencia invasora francesa provocó un vacío de poder en 1808. Se crea la Junta Central que procederá a la convocatoria de Cortes (no estamentales) que devendrán constituyentes: 24 de septiembre de 1810 se constituían las Cortes de Cádiz y el mismo día se aprueba un Decreto en el que aparecen los principios básicos del futuro texto constitucional: la soberanía nacional y la división de poderes.

Estaban formadas por una amalgama de intereses, pese al marcado sello liberal de las Cortes, existía presencia de corrientes absolutistas y reaccionarias junto a diputados reformistas o radicales. La Constitución tendrá un carácter de compromiso entre las opciones liberales y absolutistas.

Características de la Constitución de 1812

  • La Constitución jugará un papel importante en cuanto símbolo del constitucionalismo decimonónico: representa la bandera del liberalismo español durante décadas frente a las posiciones absolutistas.
  • A pesar de su simbolismo, su vigencia fue muy reducida e intermitente: estuvo en vigor solo seis años y en períodos distintos: De 1812 a 1814 (vuelve Fernando VII y deroga el texto). De 1820 (inicio del trienio liberal) a 1823 (vuelve Fernando VII con los 100.000 hijos de San Luis). Y de 1836 a 1837 (cuando se promulga una nueva constitución).
  • Adolece de tener una enorme extensión de artículos (384), la más extensa del constitucionalismo.
  • Respecto de las influencias, se inspiró en la tradición de las antiguas leyes fundamentales del Reino (aunque sus dictados suponían una ruptura frontal con los principios del Antiguo Régimen), de la Constitución francesa de 1791 y la americana de 1787.

Principios inspiradores

  • La soberanía nacional es recogida en el artículo 3, al señalar que la soberanía reside esencialmente en la nación y, por lo mismo, pertenece a ésta exclusivamente.
  • La división de poderes, con una serie de peculiaridades, al mencionarse a los tres poderes clásicos, pero más que una división es una separación estricta. Apenas tenían canales de comunicación entre sí. En lo único que se advertía una tímida colaboración era en el ejercicio de la potestad legislativa entre las Cortes y el Rey.
  • La representatividad: ruptura con el viejo mandato imperativo, pues los diputados son representantes de la nación, excluyéndose las partes que lo eligieron.

Derechos y deberes de los ciudadanos

Art. 6º. El amor a la Patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles, y asimismo el ser justos y benéficos.

Art. 7º. Todo español está obligado a ser fiel a la Constitución, obedecer las leyes y respetar a las autoridades establecidas.

Art. 9º. Está asimismo obligado todo español a defender a la Patria con las armas cuando sea llamado por la ley.

Art. 12. La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra.

Art. 20. Para que el extranjero pueda obtener de las Cortes esta carta (nacionalidad), deberá estar casado con española, y haber traído o fijado en las Españas alguna invención o industria apreciable, o adquirido bienes raíces por los que pague una contribución directa, o estableciéndose en el comercio con un capital propio o considerable a juicio de las mismas Cortes, o hecho servicios señalados en bien y defensa de la Nación.

Se articulaban garantías en las detenciones y procesos judiciales: prohibición del tormento, inviolabilidad personal y domiciliaria, el habeas corpus, a ser informado de las causas, entre otras. Se dedicaba un título específico a la instrucción pública, dando importancia a la enseñanza y reconociendo una instrucción pública para todos los ciudadanos.

Instituciones políticas

PARLAMENTO: era unicameral para evitar intermediaciones entre los representantes de la soberanía y el Rey, evitando así una segunda cámara de aristócratas elegidos por el Rey. El proceso de elección se regulaba con todo detalle, mediante sufragio indirecto.

La legislatura era de dos años y regía el principio de automaticidad de la convocatoria, ya que no dependía de la voluntad real, se reunían cada año durante tres meses y se preveían sesiones extraordinarias. Además, había una Diputación Permanente que velaba por los poderes de la Cámara cuando ésta no estaba reunida.

Las sesiones, salvo que dispusieran lo contrario, eran públicas. Tenían potestad para crear su Reglamento de organización y funcionamiento interno, y se establecía la inviolabilidad de los diputados en sus opiniones y en el ejercicio de sus funciones, y la inmunidad en causas criminales contra ellos que debían ser juzgadas por un Tribunal de las Cortes.

Ejercía la potestad legislativa junto con el Rey, ya que la iniciativa se atribuía a éste y al diputado individual. También tenía una potestad financiera en cuanto fijaba los gastos de la Administración y aprobaba el reparto de las contribuciones.

REY Y CONSEJO DE ESTADO: la figura del Rey se regulaba como un órgano constitucional que tenía poderes limitados (poder constituido) en la medida que compartía el poder político con otras instituciones (sobre todo, las Cortes).

Art. 168. La persona del Rey es sagrada e inviolable, y no está sujeta a responsabilidad.

Art. 169. El Rey tendrá el tratamiento de Majestad Católica.

Art. 170. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside exclusivamente en el Rey, y su autoridad se extiende a todo cuanto conduce a la conservación del orden público en lo interior, y a la seguridad del Estado en lo exterior, conforme a la Constitución y a las leyes.

El art. 172 pone de relieve un amplio número de materias en las que no podía intervenir. De sus funciones, cabe destacar la legislativa a través de 2 instrumentos: 1) iniciativa legislativa y 2) la sanción y promulgación de las leyes, así como la posibilidad de interponer un veto suspensivo de carácter temporal en determinadas condiciones.

El poder ejecutivo recae en el Rey, al tener la competencia sobre la dirección de la política interior y exterior, ejercicio de la función ejecutiva y potestad reglamentaria (en lo no atribuido a las Cortes) y la defensa. En esencia, parecidas a las ejercidas hoy en día por el Gobierno. La figura del Rey era inviolable y no sujeta a responsabilidad, articulándose en el texto constitucional la figura del refrendo. Se preveía la existencia de un Consejo de Estado cuyos miembros eran nombrados por el Rey a propuesta de las Cortes. Sus dictámenes no eran vinculantes.

Art. 174. El Reino de las Españas es indivisible, y sólo se sucederá en el trono perpetuamente desde la promulgación de la Constitución por el orden regular de primogenitura y representación entre los descendientes legítimos, varones y hembras, de las líneas que se expresarán.

SECRETARIOS DE ESTADO Y DE DESPACHO: nombrados y separados por el Rey, incompatible con el de diputado (separación rígida de poderes). La Constitución no contemplaba al Gobierno como órgano colegiado. No obstante, la práctica condujo a la existencia del órgano de Gobierno (reunión de los Secretarios) presidido por el Rey y, mediante Decreto de 1824, por el Presidente del Consejo de Ministros en ausencia de éste. Se configuraba este Presidente como un primus inter pares que dirigía las sesiones cuando no estuviera presente la figura del Rey.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL: Se reconocía la integración del Estado en comarcas y provincias con cierta descentralización incipiente de carácter administrativo. El gobierno se articulaba a través de Diputaciones y Ayuntamientos y se preveía la figura del Jefe Superior, nombrado por el Rey, al que se le confería el gobierno político de las provincias y presidencia de los Ayuntamientos (donde hubiere). Es una excepción al principio electivo, interferencia del poder central en las instituciones locales y un precedente de la institución del Gobernador civil.

DEFENSA: Art. 356. Habrá una fuerza militar nacional permanente, de tierra y de mar, para la defensa exterior del Estado y la conservación del orden interior.

Como somos jóvenes, todavía tenemos tiempo para aprender.

Antonio CAMPOS

http://www.es.ancamfer.wordpress.com

 

Publicado en PUERTA DE MADRID de Alcalá de Henares el 18-03-2017

Publicado en el Blog de Campos el 18-03-2017

 

 

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