Condenados en sentencia firme

 

El Instituto Nacional de Estadística ha publicado un informe sobre los ciudadanos inscritos en el Registro de Condenados durante el año 2015. En él se recogen los condenados en sentencia firme, que ascienden a 236.843 personas (Ver tabla 1). El estudio separa las correspondientes a mayores y menores de edad, estos últimos de catorce a diecisiete años.

Las penas impuestas fueron 617.696 en sentencias firmes dictadas e inscritas en el Registro. El 52,3% de las penas, tanto principales como accesorias, fueron privativas de otros derechos. El 25,0% fueron penas privativas de libertad, el 22,5% de multa y el 0,2% expulsiones del territorio nacional. Entre las penas privativas de otros derechos, la más frecuente fue la inhabilitación especial para empleo (18,7% del total). Entre las privativas de libertad, la más frecuente fue la de prisión (24,8%)

De los mayores de edad: El 76,6% de los condenados en 2015 fueron de nacionalidad española. No obstante, atendiendo a la tasa de condenados por cada 1000 habitantes de 18 y más años, la de los condenados de nacionalidad extranjera (14,3) fue casi tres veces superior a la de los de nacionalidad española (5,0). Entre los extranjeros, los países europeos comunitarios representaron el mayor porcentaje de condenados (32,9% del total).

Menores de edad: La mayoría de los menores condenados fue de nacionalidad española (79,6%). Sin embargo, la tasa de menores por cada 1.000 habitantes de 14 a 17 años fue casi tres veces superior en los menores de nacionalidad extranjera (18,1), que en los de nacionalidad española (6,9).

Por Comunidades Autónomas (Ver tabla 2), Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias son las que presentan mayores tasas por cada mil ciudadanos, llegando al 35,4% en Ceuta entre los jóvenes entre catorce y diecisiete años.

Estos elevados índices ponen de manifiesto el fracaso educacional entre los jóvenes, empezando en el ámbito familiar, siguiendo por el escolar y terminando por el social.

Hay que destacar los condenados extranjeros: Mientras que el total de extranjeros residentes en España es aproximadamente el 15% de la población (dato sin contrastar fidedignamente), el de condenados es del 23,4% entre los mayores de edad y el 20,4% de los jóvenes entre catorce y diecisiete años. Los norteafricanos concentran los delitos de mayor gravedad y los procedentes de Europa del Este en hurtos y robos. Cada una de las nacionalidades marroquís y rumana presentan más de 20.000 condenados en 2015.

Hace unos años, se publicó la transcripción de la conversación de un extranjero: “Éstos de aquí son imbéciles. A mi amigo lo pillaron sin carné de conducir y con un coche robado, y lo soltaron. Si eso pasa en nuestro país, lo meten en la cárcel para toda la vida, pero aquí en España hay otras leyes. Ya le he dicho a mi hermano que se venga. Aquí lo más duro es si te pillan con droga, pero por robos y esas cosas no te meten en la cárcel”.

Lo hasta aquí dicho, son datos; claro que en España se discuten hasta los datos. A partir de aquí, las diferentes opiniones de cada uno sobre la política de inmigración española, la laxitud de las leyes, la interpretación de muchos jueces de no intervenir en otros delitos que pudieran haber cometido los detenidos ajenos al motivo de la puntual detención, y cualquier otra consideración que pudiera hacerse.

Lo que nadie pone en duda es la eficacia de los distintos cuerpos de policía existentes en España. Hablo en primera persona: Hace unos meses fui protagonista involuntario de un fraude por internet de mil quinientos euros aproximadamente. El inspector Miguel, de Delitos Telemáticos de la Comisaría de Alcalá de Henares fue el encargado del caso; se ponía en contacto conmigo cada cuarenta y ocho horas; se aclaró el asunto en una semana; trasladaron el tema al juzgado correspondiente de una capital de provincia desde donde se realizó el fraude y que era el lugar de residencia del sujeto. Hasta hoy; no he vuelto a saber nada, ni se me ha llamado a declarar, ni tengo ninguna noticia. Eso sí, el banco me devolvió las cantidades antes adeudadas porque los establecimientos en los que había dispuesto no se ajustaron a los trámites establecidos para ello.

Debe ser frustrante para la policía jugarse la vida en la calle y ver que su esfuerzo no se ve acompañado por las leyes que emanan del Parlamento. En España hay unos quinientos grupos mafiosos con delincuentes extranjeros que utilizan cada vez más la violencia para amedrentar a las víctimas. Y muchos de ellos, además, son racistas y xenófobos, pues no respetan la cultura y la forma de vivir en España. Esta parte es interpretativa y cada uno tendrá su posicionamiento sobre ello. Es la grandeza de la democracia.

 

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Publicado en PUERTA DE MADRID de Alcalá de Henares el 03-12-2016

Publicado en el Blog de Campos el 03-12-2016

 

 

 

 

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