Juez y parte

Muchas veces el legislador hace las leyes para solucionar, o intentar solucionar, un problema de hoy, sin pensar en las consecuencias del mañana. Un magnífico trabajo del año 2011 del historiador Antonio Manuel Barragán Lancharro nos cuenta la promulgación de una famosísima ley por parte de la II República Española, usada y utilizada reiterativamente por el régimen franquista hasta 1970, que fue sustituida y derogada por la Ley sobre peligrosidad y rehabilitación social, de términos muy parecidos, que incluía penas de hasta cinco años de internamiento en cárceles o manicomios para los homosexuales y demás individuos considerados peligrosos sociales para que se «rehabilitaran». Todo ello, derogado ya en democracia.

 

Uno de los más extendidos mitos es que la Ley de Vagos y Maleantes, La Gandula, fue promulgada por el General Franco. Sin embargo, la Ley de Vagos y Maleantes es de la República, salida de Manuel Azaña. Fue aprobada esta ley por las Cortes Constituyentes de la República, y firmada y promulgada el 4 de agosto de 1933.

 

Curiosamente, el fundamento de esta norma era el famoso comienzo del artículo 1º de la Constitución de la República de 1931, el cual señalaba que «España es una República de trabajadores de toda clase». Es decir, era persona peligrosa la que no tuviera trabajo o no pudiera trabajar. Esa misma ley preveía el sometimiento de medidas de seguridad «progresistas» a las siguientes «clases de ciudadanos»:

 

Vagos habituales; rufianes y proxenetas; los que no justificaran la posesión o procedencia del dinero u otros efectos, los mendigos profesionales o los que vivan de la mendicidad o exploten a los menores, enfermos mentales o lisiados; los ebrios y toxicómanos; los que para su consumo inmediato suministren vino o bebidas espirituosas a menores de catorce años en lugares y establecimientos de instrucción o en instituciones de educación e instrucción y los que de cualquier manera promuevan o favorezcan la embriaguez habitual; los que ocultaren su verdadero nombre, disimularen su personalidad o falsearen su domicilio o tuvieren documentos de identidad falsos u ocultaren los propios; los extranjeros que quebranten una orden de expulsión del territorio nacional; y los que observen conducta de inclinación al delito, manifestada por el trato asiduo con delincuentes y maleantes, por la frecuentación de los lugares donde estos se reúnen habitualmente; por su concurrencia habitual a casas de juegos prohibidos y por la comisión reiterada y frecuente de contravenciones penales.

 

Ley vagos

A los incursos en alguna de estas circunstancias se les imponían unas medidas de seguridad que oscilaban desde el internamiento en centros de «reeducación» por tiempo no superior a cinco años, o la expulsión de los extranjeros, el «asilamiento curativo en casos de templanza por tiempo absolutamente indeterminado» o el destierro indefinido.

 

El 18 de agosto de 1934, la revista gráfica Estampa, que se editaba en Madrid y se distribuía en toda España por 30 céntimos de peseta el ejemplar, publicó un interesante reportaje sobre esta ley «progresista». En la portada varios vagos y maleantes en fila de formación, y debajo el titular «El primer campo de concentración de vagos y maleantes». En Alcalá de Henares (la patria chica del promotor de la Ley, Manuel Azaña) se había inaugurado un campo de concentración, llamado más tarde «Casa de Trabajo» sobre las antiguas instalaciones de la cárcel de mujeres. Después de la Guerra Civil estas infraestructuras se convirtieron en los Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares, en cuya imprenta se editaba la tirada oficial del Código Penal, y en la que los presos redimían penas por el trabajo.

 

 

En agosto de 1934 estaban entre sus rejas trescientos vagos y maleantes proscritos por la República democrática. En el resto de España había ya condenadas cerca de tres mil personas, internadas en las cárceles comunes. En Alcalá de Henares, los vagos y maleantes eran ocupados en las más diversas tareas tales como mover una azada y un pico, abrir surcos en la tierra de cultivo, pintar paredes, cortar leña sin percibir nada más que el rancho como contraprestación. Para los internos, esta nueva vida «era un calvario».

 

Sin comentarios. Hoy en día España tiene muchos más habitantes que entonces. Y también muchos más vagos y maleantes. Pero claro, esto no es una República, todavía.

 

Algo parecido podría pasar con la Ley Orgánica 04/2015, de protección de la Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza, vigente desde el pasado 01-07-2015, legislada por el Partido Popular como si fuera a mantenerse en el poder los mismos años que Franco, y que puede volverse en su contra en el momento que pierda el Gobierno.

 

A destacar la prohibición de grabaciones a las actuaciones policiales, aun cuando pudieran existir presuntos abusos. La ley sanciona “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales” de policías “que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación”. Nos hemos olvidado que “la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero”.

 

En dicha ley, aun estando penadas actuaciones discutibles constitucionalmente, lo peor, en mi opinión, es que el artículo 32 pone en manos del Ministro del Interior, el Secretario de Estado de Seguridad, las delegaciones del Gobierno y de la vía contencioso-administrativa, Fermín el del Banderín vestido de juez y parte política del partido de turno, la potestad sancionadora de hechos y situaciones que retrotraen mis pensamientos cincuenta años atrás, y que ha tardado poco en ponerse en práctica: A los guindillas de Petrer (Alicante) me refiero, músculos armados frente a una fotógrafa aficionada.

 

¿Alguien cree realmente que el líder de la oposición emergente – PODEMOS – va a recurrir esa ley si hipotéticamente ganara las elecciones, solo o acompañado de terceros? Menudo chollo en sus manos para silenciar bolivarianamente a la ciudadanía discordante si llega al poder. ¡Ah!, se siente, es una ley del Partido Popular. Ojalá me equivoque.

 

Publicado en PUERTA DE MADRID de Alcalá de Henares el 17-10-2015

 

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