Ley de segunda oportunidad II

Es continuación de la semana anterior

 

La alternativa a la situación concursal es el Acuerdo extrajudicial de pagos: El deudor persona natural que se encuentre en situación de insolvencia legal o que prevea que no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones, podrá iniciar un procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores, siempre que la estimación inicial del pasivo no supere los cinco millones de euros. A los efectos de este título se considerarán…/… personas naturales…/… los trabajadores autónomos.

Los créditos de derecho público no podrán en ningún caso verse afectados por el acuerdo extrajudicial, aunque gocen de garantía real.

 

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La solicitud se hará mediante formulario normalizado del Ministerio de Justicia, suscrito por el deudor e incluirá un inventario con el efectivo y los activos líquidos de que dispone, los bienes y derechos de que sea titular y los ingresos regulares previstos. Se acompañará también de una lista de acreedores, con expresión de la cuantía y vencimiento de los respectivos créditos, en la que se incluirán una relación de los contratos vigentes y una relación de gastos mensuales previstos.

 

Esta lista de acreedores también comprenderá a los titulares de préstamos o créditos con garantía real o de derecho público sin perjuicio de que puedan no verse afectados por el acuerdo.

 

Si el deudor fuere persona casada, salvo que se encuentre en régimen de separación de bienes, indicará la identidad del cónyuge, con expresión del régimen económico del matrimonio, y si estuviera legalmente obligado a la llevanza de contabilidad, acompañará asimismo las cuentas anuales correspondientes a los tres últimos ejercicios.

 

Cuando los cónyuges sean propietarios de la vivienda familiar y pueda verse afectada por el acuerdo extrajudicial de pagos, la solicitud de acuerdo extrajudicial debe realizarse necesariamente por ambos cónyuges, o por uno con el consentimiento del otro.

 

El acuerdo extrajudicial de pagos de personas naturales no empresarios (particulares), contempla que:

 

– La solicitud deberá presentarse ante un notario del domicilio del deudor

 

– El notario, una vez constatada la suficiencia de la documentación aportada y la procedencia de la negociación del acuerdo extrajudicial de pagos deberá, de oficio, comunicar la apertura de las negociaciones al juzgado competente para la declaración del concurso.

 

– El notario impulsará las negociaciones entre el deudor y sus acreedores, salvo si estima conveniente designar un mediador concursal.

 

El sistema estará tutelado por un juez, que será el que decida si es adecuada la dación. Finalmente, será provisional y se podrá revocar en un plazo de cinco años si se produce lo que el legislador denomina “mejora de la fortuna”: si el afectado encuentra un buen trabajo, si hereda, si le toca la lotería, etcétera.

 

El proceso no tiene nada que ver con la “dación a la americana” de la que hablábamos en https://ancamfer.wordpress.com/2014/07/14/hipotecas-a-la-americana/.

 

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Si la deuda es solo por la hipoteca, se modifica la Ley de protección de deudores hipotecarios sin recursos, en los siguientes términos:

 

Se considerarán situados en el umbral de exclusión aquellos deudores de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca sobre su vivienda habitual, cuando concurran en ellos todas las circunstancias siguientes:

 

a)Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples anual de catorce pagas, que será de cuatro o cinco veces según circunstancias de discapacidades previstas.

 

b)Que en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos previstos en la Ley.

 

Asimismo, se entiende que se encuentran en una circunstancia familiar de especial vulnerabilidad:

 

1.º La familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.
2.º La unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.
3.º La unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.
4.º La unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente, de forma acreditada, para realizar una actividad laboral.
5.º El deudor mayor de 60 años, aunque no reúna los requisitos para ser considerado unidad familiar según lo previsto en la letra a) de este número.

 

c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar, o del 40% en circunstancias de discapacidad.

 

Otro aspecto que contempla la ley es que hasta transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley 1/2013, el (14-05-2013), o sea, hasta el año 2017, no procederá el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a persona que actúe por su cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad.

 

Esta segunda parte, que es la que más interesa al particular con problemas hipotecarios, es compleja por sí misma y, supongo, que quienes quieran utilizarla tendrán que acudir a algún profesional del tema.

 

A título orientativo para el lector, durante el segundo semestre del pasado año 2014, se han aceptado 1.467 daciones en pago, solo el 12,86% de las 11.407 solicitadas.

 

Aunque con esta ley se ha entreabierto una puerta hasta ahora cerrada, como hemos dicho anteriormente, no tiene nada que ver con la dación a la americana, situación que pondría otra vez en peligro la estabilidad económica y financiera del país, y los dos partidos que han gobernado en democracia lo han tenido muy presente, una cosa es predicar y otra dar trigo.

 

Mi opinión a la hora de solicitar la concesión de una hipoteca, hacerlo a través del artículo 140 de la Ley Hipotecaria, que dice:

 

“”No obstante lo dispuesto en el artículo 105, podrá válidamente pactarse en la escritura de constitución de la hipoteca voluntaria que la obligación garantizada se haga solamente efectiva sobre los bienes hipotecados.
En este caso la responsabilidad del deudor y la acción del acreedor, por virtud del préstamo hipotecario, quedarán limitadas al importe de los bienes hipotecados, y no alcanzarán a los demás bienes del patrimonio del deudor””.

 

Como vivimos en una nación con diecisiete mini países en los que cada uno hace lo que le da la gana, durante este mes de junio pasado, el Parlamento Vasco, con los votos del Partido Socialista, UPyD, EH y Bildu, ha aprobado la Ley de Vivienda que contempla la expropiación temporal de pisos a bancos y la imposición de un canon a las viviendas vacías durante más de dos años. Y, lo más preocupante, reconoce el derecho subjetivo a contar con un hogar, que será exigible en los tribunales, de tal forma que las personas con escasos recursos y sin posibilidad de alquilar un piso por sus propios medios, podrán acudir a la Justicia para reclamar a la Administración que les facilite una vivienda en alquiler. “El efecto llamada” a todos los parias del mundo va a ser terrible, a pagar por los que no han hecho otra cosa en su vida que trabajar.

 

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Los Bancos tienen necesidad de dar créditos. Las garantías disminuyen y en algunos casos desaparecen. Los españoles somos pícaros y morosos por historia. No sé cómo se va a conjugar todo esto.

 

La victoria, en las urnas o en el pasteleo político, de Podemos y sus marcas blancas, ojo que la ley vasca anteriormente citada fue propuesta por el Partido Socialista, podría reformar cuanto hasta aquí se ha expuesto, para lo que habría que modificar el marco jurídico en las Cortes Generales, siendo conscientes que la propiedad privada y la seguridad jurídica y legal, son las primeras preocupaciones que todo inversor considera antes de invertir en cualquier país del mundo.

 

Publicado en PUERTA DE MADRID de Alcalá de Henares el 18-07-2015

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