Ley de segunda oportunidad I

El año pasado, en estas mismas páginas, en un artículo titulado HIPOTECAS – OLVIDO GUBERNAMENTAL, que puede consultarse en la hemeroteca de PUERTA DE MADRID o en (https://ancamfer.wordpress.com/2014/09/02/hipotecas-olvido-gubernamental/), y en relación a las diferentes modificaciones habidas sobre el tema concursal, decíamos:

La ley afecta, fundamentalmente, a las empresas. ¿No podrían habilitarse esas quitas, minoraciones y medidas favorecedoras del alivio de carga financiera, a las operaciones hipotecarias a particulares? ¿No estarían los titulares menos apalancados y podrían consumir más y generar más riqueza productiva?

Es el sobreendeudamiento, insuficiencia de ingresos del deudor para cumplir con los pagos de las diferentes deudas contraídas.

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Como quiera que además de haber mejorado la economía, este es año de elecciones, el Gobierno ha dispuesto un Real Decreto Ley sobre “segunda oportunidad”, que afecta a empresas, autónomos y particulares que, realmente, es una nueva modificación, y ya he perdido la cuenta de cuántas van, de la Ley Concursal.

Su objetivo es permitir lo que tan expresivamente describe su denominación: el que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer.

En la exposición de motivos de la ley, además de remontarse a La Ley de Partidas de Alfonso X el Sabio de hace 750 años, se acude a argumentos metafísicos y teológicos. Las personas jurídicas, al igual que las naturales, nacen, crecen, mueren. Además, el principio de limitación de responsabilidad inherente a determinadas sociedades de capital hace que éstas puedan liquidarse y disolverse (o morir en sentido metafórico), extinguiéndose las deudas que resultaren impagadas tras la liquidación, y sin que sus promotores o socios tengan que hacer frente a las eventuales deudas pendientes una vez liquidado todo el activo. Esta ley lo que pretende es “resucitarlo”, como Jesucristo en Semana Santa.

7 partidas

Para que la economía crezca es preciso que fluya el crédito y que el marco jurídico aplicable dé confianza a los deudores; pero sin minar la de los acreedores, pues en tal caso se produciría precisamente el efecto contrario al pretendido: el retraimiento del crédito o, al menos, su encarecimiento.

De alguna forma, se está tratando de quedar bien con los morosos y con las entidades financieras, de tal manera que las medidas tomadas no pongan en riesgo a la banca y en última instancia a sus depositantes.

Pere Brachfield, una de las personas que más sabe sobre morosidad en España, distingue tres clases de morosos: el primero es el que puede pagar pero no quiere, conocido como el moroso intencional. El segundo, es el que quiere pagar pero no tiene dinero para hacerlo, por tanto, el moroso fortuito. Y, el tercero, le llamaríamos el Hakuna Matata, el de “vive y sé feliz” como decían en la película de Disney, “El Rey León”. Estos son los morosos por negligencia, los que llevan el negocio de cualquier manera y se endeudan.

Yo distingo cuatro clases de morosos (“al moroso, ni descanso ni reposo”, era el eslogan de una empresa de recobros, de la que un empleado dedicado a esos menesteres iba todos los días a la casa de un cliente, a las ocho en punto de la mañana, muy educadamente, a darle los buenos días y recordarle el saldo pendiente de su deuda con una entidad financiera), que son:

Moroso profesional, que es el asimilado al moroso intencional, no quiere pagar a nadie, vive de impagos continuos y rotación de empresas financiadoras, cuando se endeuda ya sabe que no va a pagar, estadísticamente representa el 25% de todos los morosos; moroso estratégico, que es aquel que saca dinero de la empresa y lo pone a nombre particular de los hijos menores de edad, de la esposa, de la amante, se compra un Mercedes, un chalet, etc…; moroso inducido, que son los avalistas, la mayoría de ellos buenas personas que han actuado de buena fe garantizando a familiares y amigos, que se ven forzados a hacer frente a las deudas de los terceros a los que avalaron; y el moroso circunstancial, que es aquel que verdaderamente quiere pagar, pero no puede, por diversas circunstancias que se producen en la vida. Este último siempre tiene abiertas las puertas de los bancos para negociar y ayudarle a salir adelante.

 

moroso

Aunque esta nueva ley es general para empresas, empresarios, autónomos y particulares, nos centraremos en lo que afecta a estos dos últimos en el tan manido tema de la “dación en pago”.

Se distinguen dos grandes bloques de actuación de exoneración del pasivo insatisfecho (impagado):

En situación concursal: El deudor persona natural podrá obtener el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho con una serie de condiciones que se establecen, una vez concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa. Una de las condiciones que el deudor deberá aceptar es su inclusión en la sección especial del Registro Público Concursal con posibilidad de acceso público, por un plazo de cinco años, algo así como un registro general de morosos, quedando a salvo los derechos de los acreedores frente a los obligados solidariamente con el concursado y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho obtenido por el concursado. Resumen, los garantes no concursados siguen obligados a pagar.

El sistema de exoneración tiene dos pilares fundamentales: que el deudor lo sea de buena fe y que se liquide previamente su patrimonio, (o que se declare la conclusión del concurso por insuficiencia de masa). Aclaro que “patrimonio” es cualquier otro bien que pudiera tener, incluido el coche, los muebles, la cartilla de ahorros, etc…

Si el concursado no obtuviera el beneficio de la exoneración, las deudas que no queden exoneradas, deberán ser satisfechas dentro de los cinco años siguientes a la conclusión del concurso, salvo que tuvieran un vencimiento posterior. Durante los cinco años siguientes a la conclusión del concurso las deudas pendientes no podrán devengar interés.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya revocado el beneficio, el Juez del concurso, a petición del deudor concursado, dictará auto reconociendo con carácter definitivo la exoneración del pasivo insatisfecho en el concurso o el saldo existente a esa fecha, previa audiencia de los acreedores, siempre que se haya destinado al pago, al menos, la mitad de los ingresos percibidos durante dicho plazo que no tuviesen la consideración de inembargables.

Dicha resolución se publicará en el Registro Público Concursal, y no cabrá recurso alguno contra ella.

Moldes, Aleix - ACN · ID 79019/771824 Ada Colau, presidenta de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH).

Hete aquí a la actual alcaldesa de la segunda ciudad más importante de España

Dejamos para la semana próxima la alternativa de acuerdo extrajudicial de pago.

Continuará la próxima semana

Publicado en PUERTA DE MADRID de Alcalá de Henares el 11-07-2015

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